Jyoti tiene 19 años y una discapacidad en ambas piernas. Había estudiado hasta octavo grado y luego abandonó, no por falta de ganas ni de notas, sino por el camino: no podía hacer el trayecto diario hasta la escuela. Así, año tras año, se quedó en casa.
Singh se enteró de su situación y fue a verla. Le llevó un triciclo con batería. Le entregó allí mismo, sin turnos ni esperas, el certificado oficial de discapacidad. Y ordenó a los funcionarios locales que la matricularan de nuevo en la escuela. Con esas tres decisiones cayeron las dos barreras que la mantenían fuera: la distancia y el papel.
El certificado no es un detalle administrativo. En India es la puerta de entrada a todo lo demás: la pensión mensual para personas con discapacidad, el viaje gratuito en los autobuses estatales, la beca para estudiantes, las plazas reservadas en la educación y en el empleo público. Sin él, una persona no existe para ninguno de esos sistemas. Un magistrado de distrito preside los comités que supervisan esta distribución, y por eso pudo firmarlo en el salón de una casa de aldea en lugar de derivarlo al siguiente ciclo de campamentos.
Los funcionarios señalaron que era la segunda visita de este tipo. Antes, Singh había llevado un triciclo parecido a otra joven con discapacidad, Ragini. Dos casas, dos nombres, dos trayectos que volvieron a ser posibles.
Jyoti dice que quiere ser maestra cuando termine sus estudios. Es una ambición modesta y exacta: la de alguien que sabe con precisión lo que cuesta llegar a un aula y quiere pasar el resto de su vida dentro de una.